El dirigente de La Libertad Avanza y candidato a diputado en la Provincia de Buenos Aires, Federico Bojanovich, enfrenta un proceso judicial por violencia de género que fue elevado a juicio oral. La causa está en manos del Juzgado Correccional N°2 de La Plata, tras la investigación de la Fiscalía N°13, que investiga hechos denunciados por su ex pareja.

La denuncia fue presentada por la víctima, quien acusó a Bojanovich de haberla golpeado y destruido su teléfono celular durante un episodio ocurrido en junio de 2022, tras una salida de un boliche en La Plata. La acusación fiscal lo imputó por los delitos de lesiones en contexto de violencia de género y daño, tras constatar lesiones físicas y hostigamiento con mensajes posteriores al episodio.

Según consta en la causa, la víctima relató que Bojanovich la empujó, la agredió físicamente y le provocó lesiones, además de seguir hostigándola con mensajes. La denuncia detalla que, en el trayecto en su vehículo hacia su domicilio, el acusado continuó con golpes, insultos y agresiones físicas, llegando a impactar la cabeza de la víctima contra la puerta del vehículo y propinarle un puñetazo en el rostro. La víctima fue atendida en un hospital y aportó constancia médica y capturas de mensajes como pruebas.

Durante la investigación, Bojanovich evitó notificarse de varias medidas judiciales. Sin embargo, en las elecciones generales de 2023, fue demorado por la Prefectura Naval Argentina al acudir a votar, lo que facilitó que la Justicia lo notificara formalmente sobre el proceso en su contra. En agosto de 2024, el juez de Garantías Martín Miguel Rizzo resolvió que el dirigente debe ser sometido a juicio oral, convalidando lo solicitado por la fiscal Mariana Ruffino.

La causa, basada en la denuncia de la víctima, indica que el episodio ocurrió en un local nocturno de calle 44 entre 10 y 11, donde tras una discusión, Bojanovich habría arrojado repetidamente el teléfono contra el piso y continuó con agresiones físicas en el vehículo. La víctima, que realizó denuncias y pidió medidas de restricción, busca que la Justicia determine su responsabilidad en un proceso que, por ahora, continúa su curso hacia un juicio oral.