El programa otorgará los mismos privilegios que la “tarjeta verde”, incluyendo la posibilidad de obtener la ciudadanía a cambio de un pago de 5 millones de dólares. El mandatario dijo que el objetivo del programa será atraer a inversionistas exitosos que “gastarán mucho dinero, pagarán muchos impuestos y emplearán a mucha gente”.

La medida reemplazará al actual Programa de Inmigración para Inversores EB-5, argumentando que está “sujeto a demasiado fraude”. El Gobierno dijo que será "una alternativa más exclusiva y costosa para obtener la residencia en EEUU".

El presidente también aclaró que el programa podría beneficiar a empresas tecnológicas como Apple, permitiéndoles traer talento extranjero a EEUU. “Creo que las empresas pagarán para traer gente”, dijo Trump, señalando que los titulares de la “tarjeta dorada” no serían ciudadanos, pero pagarían impuestos en el país. Estados Unidos dará “quizás un millón de estas tarjetas, quizás más”.

Por otra parte, restringieron los visados a los cubanos implicados en explotación laboral haciendo énfasis en las misiones médicas organizadas por el gobierno de Cuba. Según el comunicado oficial, la medida afecta a actuales y antiguos funcionarios de la dictadura cubana, así como a otros individuos, incluyendo autoridades de gobiernos extranjeros, que se considere responsables o cómplices de este programa. La restricción se extiende también a familiares inmediatos de las personas sancionadas.

El gobierno acusa acusó a Miguel Díaz-Canel de beneficiarse del “trabajo forzoso” de sus ciudadanos y de aplicar prácticas laborales abusivas en el envío de personal sanitario al extranjero y sostiene que los programas de cooperación médica de Cuba “enriquecen al régimen” y privan a la población cubana de atención sanitaria en su país de origen. Además, mantiene a Cuba en su lista negra de países que no cumplen con los estándares mínimos de lucha contra la trata de personas.

“Estados Unidos está comprometido a contrarrestar las prácticas de trabajo forzoso en todo el mundo”, señaló el Departamento de Estado, asegurando que busca responsabilizar tanto a los funcionarios cubanos como a aquellos que colaboran con el programa.