La justicia federal de Rafaela, Santa Fe, realizó operativos en dos campos ubicados en la localidad de Pozo Borrado, donde rescataron a 31 trabajadores en situación de vulnerabilidad social y laboral. Los procedimientos, que incluyen allanamientos y registros, se concretaron tras una denuncia sobre condiciones de hacinamiento, falta de agua potable y jornadas laborales de hasta diez horas, en campos de runa y con bajos salarios.

El operativo fue llevado a cabo por la Agencia de Trata de Personas de la Policía de Investigaciones de Santa Fe, en coordinación con la Oficina Fiscal Descentralizada de Rafaela, bajo la investigación del fiscal Gustavo Onel. Se detectaron que en un campo llamado “Santa Ana”, algunos trabajadores, entre ellos dos menores de 17 años, dormían en el piso y carecían de servicios básicos. La investigación apunta a que estas condiciones son parte de un esquema de explotación laboral y trata de personas con fines de servidumbre.

Los operativos también abrieron un seguimiento en un segundo establecimiento, “La Revancha e Isabelliana S.A.”, donde otros cinco trabajadores en condiciones similares fueron hallados. La evidencia, que incluye teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones, será peritada para definir posibles conexiones y responsables. La investigación también identifica a dos ciudadanos que estarían involucrados en un esquema de explotación laboral. La causa fue elevada a la Justicia con el objetivo de establecer responsabilidades y avanzar en las medidas correspondientes.

La Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe y el municipio de Tostado, cabecera del departamento Nueve de Julio, ya trabajan en acciones de asistencia y protección a las víctimas, garantizando alojamiento, alimentación y atención médica y psicológica. Además, la causa se encuadra como un posible caso de trata de personas con fines de explotación laboral, delito que contempla penas de 3 a 15 años de prisión, según la Ley 26.364. La investigación continúa en desarrollo y busca desarticular redes en las que podrían estar involucrados actores públicos y privados.

Este operativo marca un paso importante en la lucha contra la explotación laboral y la trata de personas en el país, y destaca la necesidad de fortalecer los controles y mecanismos de detección en el sector agrícola. La justicia sigue trabajando para esclarecer las responsabilidades y brindar justicia a las víctimas de esta grave situación.