La justicia procesó a 52 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal acusados de participar en una violenta represión dentro del penal de Ezeiza en 2019. La medida judicial se basa en hechos ocurridos durante una protesta en esa cárcel, donde se registraron incidentes de violencia que dejaron heridos y generaron un escenario de caos en el interior del establecimiento.

Las investigaciones revelaron que, durante esa protesta, los empleados del Servicio Penitenciario habrían ejercido violencia de manera excesiva contra los internos que reclamaban por mejores condiciones de vida y derechos básicos. La justicia considera que los funcionarios habrían sido responsables de ejercer una violencia desmedida, violando derechos y alterando gravemente el orden en la cárcel.

El proceso judicial fue llevado adelante a partir de testimonios, registros de cámaras y diversas evidencias recolectadas en aquel entonces. La causa aún está en etapas de investigación, y se espera que en los próximos días se puedan tomar nuevas medidas o realizar imputaciones adicionales. Desde el Servicio Penitenciario confirmaron que están colaborando con la investigación y que, si se establecen responsabilidades, adoptarán las medidas disciplinarias correspondientes.

Organizaciones de derechos humanos expresaron su preocupación ante la represión ocurrida en 2019 y reclamaron que se esclarezcan los hechos y que se sancione a quienes corresponda. La noticia volvió a poner en discusión las condiciones del sistema penitenciario en Argentina y el uso de la fuerza por parte de las autoridades en las cárceles.

Mientras la justicia avanza en la causa, la comunidad espera que se haga justicia y que episodios como ese no vuelvan a repetirse en el sistema penitenciario nacional. La investigación continúa en curso y se aguardan nuevas novedades en los próximos días.