La Justicia federal investiga un presunto esquema de corrupción dentro de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y el fiscal Franco Picardi pidió la detención del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo. La solicitud también alcanza a otras cinco personas, entre ellas Daniel Garbellini, ex director de Acceso a los Servicios de Salud. El caso se destapó tras la difusión de audios en los que Spagnuolo menciona a la droguería Suizo Argentina.

Según fuentes de la causa, Picardi identificó una organización delictiva que habría direccionado compras de medicamentos e insumos de alto costo, aplicando sobreprecios y facilitando el pago de sobornos a funcionarios. Las supuestas maniobras habrían perjudicado al Estado y, en particular, a beneficiarios del Programa Incluir Salud, que asiste a personas con discapacidad y sin cobertura médica.

En total, fueron citadas a indagatoria 15 personas, incluidos otros ex funcionarios y representantes del sector privado. Además, el fiscal ordenó nuevos procedimientos y el secuestro de dispositivos electrónicos para profundizar la pesquisa.

En su presentación, Picardi sostuvo que Spagnuolo permitió y supervisó el direccionamiento de compulsas de precios para que determinadas firmas resultaran adjudicatarias, obteniendo ganancias millonarias en plazos breves y con fuertes sobreprecios. A cambio, habría recibido beneficios económicos indebidos. Para el fiscal, tanto Spagnuolo como Garbellini dejaron que personas ajenas a la agencia tomaran decisiones sobre prestaciones y manejaran recursos públicos, convirtiendo a la ANDIS en un espacio funcional a intereses privados.

La semana pasada, la defensa de Spagnuolo —encabezada por Mauricio D’Alessandro— pidió la nulidad de la causa y cuestionó la autenticidad de los audios, incluso planteando que podrían haber sido editados con inteligencia artificial o obtenidos de forma ilegal. Los dueños de Suizo Argentina también pidieron anular el expediente, alegando que los hechos ya fueron investigados y archivados en una causa previa, bajo el principio de *non bis in idem*.

La Sala II de la Cámara Federal porteña escuchó los argumentos de todas las partes y ahora deberá resolver si mantiene en pie la investigación, luego de que el juez Sebastián Casanello rechazara los intentos de cierre.

En los fragmentos de los audios que trascendieron, quien sería Spagnuolo menciona a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al asesor Eduardo “Lule” Menem, vinculándolos a un supuesto esquema de sobreprecios y cobro de coimas del 3% en contratos entre la droguería y el Estado. Picardi insiste en que los audios no fueron el motor de la causa, sino que se sumaron a un conjunto previo de indicios. Entre ellos, destacó el decreto con el que el presidente Javier Milei desplazó a Spagnuolo y Garbellini, y testimonios recientes como los de Fernando Cerimedo y Agustín Rodríguez, quienes afirmaron que el ex funcionario ya había hablado del tema y que estaba molesto con la intervención de “Lule” Menem en el área.

Para el fiscal, no está acreditado que Spagnuolo no haya participado de los hechos. Sostuvo que, al menos, tenía la obligación de denunciarlos. La Cámara definirá ahora el futuro inmediato de la investigación, mientras se espera la resolución sobre los pedidos de detención.