La actriz Andrea del Boca fue incluida en un pedido de condena de tres años y medio de prisión por parte de la fiscalía en el marco de la causa que investiga un presunto fraude millonario relacionado con la producción de la serie “Mamá Corazón”. La fiscal federal Fabiana León solicitó la condena en el juicio que tramita en el Tribunal Oral Federal N° 7, donde la acusa de haber sido partícipe necesaria en una maniobra de defraudación contra la administración pública.

El caso involucra un esquema de irregularidades en el financiamiento estatal de la serie, cuya producción nunca llegó a emitirse. La Fiscalía detalló que la causa se originó en una investigación periodística que reveló que la productora de Del Boca habría recibido más de 24 millones de dólares en fondos públicos, bajo un mecanismo de triangulación que violó las normativas vigentes. La acusación señala que la productora de la actriz cobró el 76% del contrato, en un esquema sin concurso ni controles, y con cláusulas que otorgaban la exclusividad de distribución internacional por 60 meses con prórrogas.

Según los alegatos, el mecanismo se diseñó desde un comienzo con una intención política, favoreciendo a la productora de Del Boca, que firmó convenios con el Ministerio de Planificación de Julio De Vido y la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM). La investigación también señala que De Vido fue procesado en 2018 como autor del delito de defraudación, mientras que Del Boca y el exrector de la UNSAM, Carlos Ruta, fueron considerados partícipes necesarios. La maniobra se habría llevado a cabo en un contexto en el que la serie no fue emitida, pero su productora cobró la mayor parte del dinero.

Desde el inicio de la causa, la defensa de Andrea del Boca negó la existencia de delito alguno, asegurando que no hubo sobrefacturación ni perjuicio económico y que la serie se realizó en su totalidad. La fiscalía, en cambio, sostiene que se trató de una operación irregular para desviar fondos públicos, y que la justicia debe dictar una condena en su contra. Ahora, será el Tribunal Oral Federal N° 7 el que debe emitir la sentencia definitiva.

Este caso, que quedó en evidencia tras una serie de embargos millonarios y procesos judiciales, refleja las irregularidades en el manejo de fondos destinados a producción audiovisual en el ámbito estatal. La causa continúa en curso y, mientras tanto, la sociedad espera que se haga justicia en un escándalo que involucra a figuras públicas y acusa al Estado de haber sido víctima de una maniobra fraudulenta.