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Ordenan el secuestro de teléfonos de funcionarios por el fentanilo contaminado
De la ANMAT y de INAME
Ordenan el secuestro de teléfonos de funcionarios por el fentanilo contaminado

La causa que investiga la responsabilidad en el caso del fentanilo contaminado y las empresas responsables de su producción suma un nuevo capítulo: el juez Ernesto Kreplak ordenó procedimientos y “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” en las sedes de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME). Los operativos buscan secuestrar teléfonos celulares y documentación clave para la investigación.

La medida fue impulsada por la fiscal federal Laura Roteta, quien busca determinar si existió responsabilidad, negligencia, connivencia o complicidad de organismos estatales en la tragedia que derivó en varias denuncias y detenciones. La investigación apunta a si los funcionarios de ambos organismos tuvieron algún vínculo con la producción y distribución del fentanilo contaminado, cuya circulación puso en riesgo la salud pública.

Por el momento, ya se produjeron detenciones que incluyen a Ariel García Furfaro y otros nueve responsables técnicos y directivos de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, las empresas vinculadas a la producción de la sustancia adulterada. La justicia busca esclarecer si hubo fallas en el control y supervisión en los procesos regulatorios y de calidad, que podrían haber evitado la distribución del químico contaminado.

Las inspecciones y allanamientos en ANMAT y el INAME buscan obtener evidencias que ayuden a determinar responsabilidades y, en su caso, fortalecer los argumentos de una posible responsabilidad de funcionarios. La investigación, que se inició tras la denuncia y los informes sobre la circulación del fentanilo adulterado, continúa en marcha, con la expectativa de que los resultados permitan esclarecer los hechos y tomar decisiones judiciales definitivas.

Este caso continúa siendo uno de los mayores desafíos para la salud pública y la responsabilidad institucional en Argentina. La Justicia busca establecer si hubo negligencias o connivencias, y si las instituciones controlaron eficazmente la producción y distribución de un medicamento tan peligroso, que ya dejó víctimas y alarma social en todo el país.

Hay 7 procedimientos judiciales:
- Las sedes centrales de la ANMAT en calle Av. de Mayo 850/869 CABA.
- La sede del Instituto Nacional de Medicamentos en Av. Caseros 2161 CABA.
- Domicilios particulares de la administradora de la ANMAT Nélida Agustina Bisio, en la localidad de Olivos; la extitular del INAME Gabriela Carmen Mantecón Fumadó, en la ciudad de Quilmes; de la directora de fiscalización y gestion de riesgo del INAME, Ana Laura Canil, en CABA; de la directora de poscomercializacion y acciones regulatorias del INAME, Mariela Baldut, en CABA y del jefe de departamento de inspectorado del INAME, Maximiliano Carlos Lalin, también en CABA.
- El objetivo de los procedimientos, tanto de órdenes de presentación como de allanamientos, en su caso, es “preservar elementos de prueba de carácter documental así como también los dispositivos celulares de los funcionarios involucrados, con relación a las eventuales responsabilidades de la autoridad sanitaria en la materia derivadas de la fabricación, comercialización y falta de recupero del fentanilo HLB contaminado”, confirmaron fuentes judiciales.

martes, 9 de septiembre de 2025

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