El ex presidente francés Nicolas Sarkozy fue trasladado este martes a la prisión parisina de La Santé para cumplir una condena de cinco años por asociación ilícita y financiación ilegal de campaña, en una operación que se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y con la presencia de su esposa, Carla Bruni, y su equipo de abogados.

El fallo responsabilizó a Sarkozy por participar en una estructura destinada a captar fondos no declarados provenientes del régimen de Gadafi para la campaña de 2007; el tribunal no logró probar que el expresidente recibiera o utilizara personalmente ese dinero, según consta en la resolución judicial mencionada.

A su llegada al penal, Sarkozy afirmó sentirse inocente y denunció una “persecución judicial” y un “escándalo judicial”; la defensa solicitó libertad provisional en espera de la segunda instancia, trámite que podría resolverse en un plazo de un mes, mientras el ex mandatario permanece en una unidad de aislamiento para personas de alto perfil con celda individual y acceso restringido a comunicaciones.

El ingreso del ex jefe de Estado a La Santé —la primera vez en la historia reciente que un expresidente francés entra en prisión tras una sentencia penal— generó reacciones políticas y sociales: hubo manifestantes que expresaron apoyo y críticas al sistema judicial, y dirigentes conservadores mostraron solidaridad, mientras el ministro de Justicia anunció su intención de visitarlo en la cárcel.

La condena se da en el marco de un historial judicial que incluye otras sentencias previas por corrupción e intentos de tráfico de influencias; Sarkozy, de 70 años, había sido también condenado en 2023 por financiación ilegal en otro expediente y en 2025 perdió la Legión de Honor tras fallos penales, hechos que han erosionado su imagen política en la derecha francesa.