Diversas organizaciones que representan a las personas con discapacidad anunciaron una jornada de protesta en rechazo al veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, aprobada recientemente por el Congreso. La manifestación central será mañana a las 11:30 en la Plaza de los Dos Congresos, y también se replicará en las principales ciudades del interior del país.

La convocatoria, impulsada por agrupaciones y colectivos del sector, contempla una movilización pacífica y de carácter federal. Además del acto en la capital, se espera una amplia participación de la comunidad en plazas céntricas de diferentes ciudades, sumándose a un cese total de actividades relacionadas con los servicios y atenciones en discapacidad, como medida de visibilización ante lo que describen como una situación crítica.

El rechazo al veto fue expresado por el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, quien calificó la decisión del presidente Javier Milei como una forma de abandono y no de austeridad. En un comunicado, cuestionaron cómo las familias y las personas con discapacidad podrán sobrevivir sin trabajo ni ingresos ni apoyos del Estado, y destacaron que gobernar implica asumir responsabilidades con todos los sectores, no solo con los que gozan de privilegios.

Desde las organizaciones recordaron que la Ley de Emergencia en Discapacidad buscaba atender situaciones urgentes y complejas en todo el país. Se refirieron a personas que trabajan en talleres protegidos con salarios bajos, a quienes aguardan la aprobación de pensiones no contributivas o a las familias que dependen de servicios terapéuticos y asistenciales. Además, alertaron que los aranceles actuales no cubren los costos mínimos de funcionamiento de las instituciones, muchas de las cuales están en riesgo de cerrar.

Con énfasis en la inclusión y la justicia social, los convocantes reiteraron que la movilización será pacífica y abierta a toda la comunidad. Enfatizaron que la principal demanda es que se revierta el veto presidencial y se restituya una norma que fue votada por el Congreso y que responde a las necesidades urgentes de miles de personas en situación de discapacidad.