El Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py ordenó este lunes a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y a otros ocho condenados en la causa Vialidad a abonar $684 mil millones en concepto de decomiso, tras haber sido encontrados culpables de una maniobra de corrupción vinculada a la obra pública durante los gobiernos kirchneristas. La decisión judicial establece un plazo de diez días hábiles, que vence el 13 de agosto, para realizar el pago en una cuenta del Banco Nación habilitada para tal fin.

La resolución firmada por los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu considera que esa cifra representa el perjuicio económico causado al Estado. El monto actualizado surge de un informe pericial de la Corte Suprema, que tomó como base los $85 mil millones fijados en 2022 y los ajustó por inflación mediante el Índice de Precios al Consumidor del INDEC. El cálculo fue avalado por el tribunal, que rechazó los argumentos de la defensa de la ex mandataria, que estimaba un perjuicio de solo $42 mil millones.

En caso de que los condenados no abonen la suma establecida, la Justicia podrá rematar los bienes embargados. En el caso de Cristina Kirchner, la medida alcanza propiedades en Santa Cruz y la Ciudad de Buenos Aires, empresas como Los Sauces y dos cajas de seguridad con dólares, una de ellas vinculada a su hija Florencia. Los bienes ya están bajo orden judicial y podrían liquidarse para cumplir con el fallo.

La condena incluye al empresario Lázaro Báez, al ex secretario de Obras Públicas José López, al ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y a cinco ex funcionarios de la provincia de Santa Cruz. Varios de ellos cumplen prisión efectiva o domiciliaria. La Justicia determinó que entre 2003 y 2015 se otorgaron de manera irregular contratos de obra pública al grupo de Báez, con sobreprecios y favoritismo sistemático.

Los jueces afirmaron que el decomiso responde a un “provecho derivado de un gravísimo hecho de corrupción” y consideraron que la cifra debe ser afrontada de manera solidaria entre todos los condenados. Aunque se espera que las defensas apelen, el tribunal dejó asentado que la metodología utilizada por los peritos oficiales fue válida y no fue objetada por los expertos de las partes.