Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York podría definir entre hoy y mañana si Argentina debe entregar el 51% de las acciones de YPF en su poder o si podrá continuar la apelación sin deshacerse del capital accionario, o si deberá ofrecer otra garantía. La resolución, que puede tener un impacto de gran alcance, será crucial para la economía y la política exterior del país, en medio de un largo conflicto judicial por la expropiación de la petrolera en 2012.

El proceso judicial, originado tras la expropiación durante la presidencia de Cristina Kirchner, ya tiene antecedentes: en primera instancia, la jueza Loretta Preska condenó al gobierno argentino a pagar USD 16.000 millones por la nacionalización, monto que con intereses se elevó a USD 18.000 millones. La sentencia aún está en apelación, y la audiencia para discutir una eventual transferencia está prevista para fines de octubre, tras las elecciones legislativas.

El fondo de inversión Burford Capital, principal beneficiario del proceso, ha incrementado la presión sobre Argentina, al solicitar la demostración de que el Estado y YPF actúan como un “alter ego”, lo que permitiría avanzar sobre otros activos estatales. Para ello, reclamó acceso a correos electrónicos, chats y documentos de exministros como Luis Caputo y Sergio Massa, además de pedir la transferencia directa del 51% de las acciones. La jueza Preska ya decidió que dichas acciones deben ser entregadas, pero Argentina apeló esa decisión.

El gobierno argentino solicitó un “stay” o suspensión del fallo hasta que la apelación sea resuelta, pedido que será decidido en septiembre. La resolución de la Corte de Apelaciones puede implicar diversos escenarios: si resulta en contra del país, Argentina podría acudir a la Corte Suprema de EE.UU., aunque fuentes indican que esa instancia rara vez interviene en este tipo de casos. En caso de que la decisión quede firme, el Estado deberá acatarla o enfrentar posibles sanciones.

Finalmente, si Argentina no cumple con el fallo, incurriría en desacato, lo que podría acarrear severas sanciones como multas, trabas para emitir deuda o desconfianza de inversores internacionales. Además, Burford podría solicitar la declaración de desacato, lo que, junto a las consecuencias económicas, puede afectar la relación del país con la justicia estadounidense, en un contexto donde Javier Milei busca atraer inversiones extranjeras.

Las 3 posibilidades: Según detalló este medio días atrás, estos son los principales caminos que podría tomar la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito la semana próxima:

1) No concede la suspensión y confirma la orden de la jueza Preska.
2) Concede una suspensión con garantías distintas a las acciones de YPF.
3) Concede la suspensión a Argentina.

Si ocurre alguno de los primeros dos puntos, es casi un hecho que Argentina apelará a la Corte Suprema de Estados Unidos. Es una medida que los expertos definen como “poco habitual” por tratarse de un tema administrativo, pero el Estado estaría dispuesto a solicitarla, según fuentes consultadas por este medio. Burford dirá que Argentina sólo quiere seguir demorando y Preska seguramente esté de acuerdo con eso, aunque seguramente esperará la decisión de la instancia máxima de la justicia de EEUU. Por el tipo de trámite es muy posible que el tribunal superior decida rápido: en general, son casos en los que decide no intervenir y, por lo tanto, queda vigente la decisión de la Cámara de Apelaciones.

Si el fallo es negativo (las opciones 1 o 2 mencionadas arriba), se mantiene firme y Argentina no responde, incurrirá en desacato. Si es positivo para el país (3) se suspenderá la resolución final sobre la entrega de las acciones un par de meses, hasta septiembre, cuando la Cámara decida sobre si es procedente o no la orden de turnover de Preska.