La Cámara Nacional Electoral decidió revocar la habilitación de la expresidenta Cristina Kirchner para ejercer su voto en las próximas elecciones legislativas del 26 de octubre. La decisión se fundamentó en el precedente de los casos “Procuración Penitenciaria” y "Orazi", que requieren una ley del Congreso para regular el sufragio de personas con condena penal.

Previamente, el 18 de julio, la jueza federal subrogante de Río Gallegos, Mariel Borruto, había autorizado a Kirchner a votar, basándose en el caso “Zelaya” de 2022, que consideró inconstitucionales ciertas normas del Código Penal y del Código Nacional Electoral respecto a la inhabilitación de condenados. Sin embargo, el reciente fallo revocó su decisión.

La Cámara Electoral consideró que las inhabilitaciones generales y automáticas de las actuales normativas son inconstitucionales, pero subrayó que cualquier revisión debe hacerse a través de un caso concreto promovido por el interesado o el Ministerio Público. La falta de legislación actual respecto al sufragio de condenados sigue siendo un vacío legal no resuelto por el Congreso.

El fiscal electoral Ramiro González había solicitado previamente que Kirchner fuese excluida del padrón, argumentando que una persona con condena firme debía ser retirada según la normativa vigente. Cristina Kirchner está empadronada en la provincia de Santa Cruz, donde inicialmente se había declarado inconstitucional la prohibición de votar para condenados, una decisión que fue apelada y culminó con la resolución actual de la Cámara.

El tribunal, compuesto por los jueces Daniel Bejas, Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, enfatizó que para cualquier modificación del estado de habilitación electoral debe haber un caso concreto que considere el tipo y naturaleza del delito, así como la viabilidad jurídica y factual. Dado que estos aspectos no fueron considerados en la apelación, decidieron revocar la habilitación anterior.