La Ciudad de Buenos Aires confirmó que no se sumará al blanqueo de capitales impulsado por el gobierno nacional, una medida que podría afectar a contribuyentes porteños que ya regularizaron activos. Esta decisión busca, según fuentes, proteger la autonomía y el balance fiscal local, manteniendo la política tributaria de la Ciudad.

A diferencia de Buenos Aires, otras provincias ya definieron enfoques propios. Santa Fe aplicará una tasa del 2% sobre activos superiores a USD 100.000; Neuquén fijó alícuotas de entre 0,75% y 1,25%; Salta cobrará un 10% de lo tributado a nivel nacional, mientras que Mendoza adhirió sin imponer gravámenes adicionales. "Vamos a cobrar lo que tengamos que cobrar, pero no habrá ningún impuesto adicional", afirmaron fuentes cercanas a Axel Kicillof.

Sin la adhesión porteña, quienes ya hayan adherido al blanqueo podrían enfrentar auditorías más rigurosas y la falta de beneficios nacionales. Esto también deja a la Ciudad en evaluación de posibles alternativas para quienes regularizaron activos, a fin de suavizar el impacto de esta decisión en los contribuyentes locales.

El régimen nacional ya permitió la regularización de unos USD 19.000 millones durante su primera etapa, con más de 300.000 cuentas CERA abiertas. La segunda fase del blanqueo, que impone una alícuota del 10% sobre montos superiores a USD 100.000, estará vigente hasta el 7 de febrero de 2025.