Producto de una investigación, el Gobierno echó a 60 funcionarios de la estratégica Procuración del Tesoro de la Nación y redujo áreas técnicas.

Los cambios se decidieron luego de que el Gobierno descubriera presuntas filtraciones y dejara trascender fuertes sospechas de venta de información por parte de empleados públicos, en particular de la Procuración del Tesoro, el ente que se encarga de proveer servicios jurídicos al Estado Nacional.

El organismo informó la eliminación de «lujos jerárquicos» y el inicio de una «profunda reestructuración institucional», para de esa manera «eficientizar su funcionamiento operativo y contribuir a la reducción del gasto público».

Si bien no hubo mención a las razones de los cambios ni tampoco a las sospechas sobre la posible venta de información sensible del caso YPF, la PTN es la encargada de gestionar la causa por YPF y otras en estrados internacionales, destacó que realiza un "recorte histórico de personal con más de 60 desvinculaciones y una drástica reducción de áreas técnicas" que pretende "fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar su estructura a los principios de austeridad, profesionalismo y resultados concretos".

La Procuración que detalla que ya redujo su personal en más de un 20% desde la llegada de esta gestión en febrero del 2025 y que pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado. "Para limitar la tarea de capacitación del organismo estrictamente al fortalecimiento de la Abogacía Pública y la difusión de la doctrina jurídica de la PTN. Esta tarea será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración"