El Gobierno imputó a 95 empresas por incluir tasas municipales y provinciales en sus facturas, algo prohibido por ley. Javier Milei condenó la práctica, afirmando: “Es una estafa al ciudadano. Estas tasas deben ser eliminadas para aliviar la carga que soportan las personas”. La Secretaría de Comercio identificó que las empresas aplicaban cargos adicionales, afectando directamente a los consumidores.

Milei explicó que la medida busca frenar abusos y proteger a los argentinos. “Los ciudadanos no deben cargar con tasas inventadas para inflar precios. Esta acción garantiza precios justos”, enfatizó. Entre las firmas imputadas figuran prestadoras de servicios públicos y empresas de comercio electrónico.

Además, el presidente subrayó que la quita de estas tasas es crucial para aliviar la inflación y mejorar el poder adquisitivo de la gente: “Queremos avanzar en una economía más competitiva”, dijo. Estas empresas deberán reembolsar los montos indebidos.

La Secretaría de Comercio continuará con operativos para identificar prácticas irregulares en sintonía con el objetivo gubernamental de “proteger a los consumidores y facilitar un mercado más transparente”.

La resolución 267/2024 de la Secretaría de Comercio, publicada el 10 de septiembre, otorgó 30 días para que las empresas se ajustaran a la norma. La regulación exige que solo se incluyan en facturas el precio y la descripción correspondiente al servicio, afectando a firmas de servicios públicos y de bienes en todo el país.