La comisión de Asuntos Constitucionales del Senado aprobó hoy un dictamen que busca ratificar la versión original de la ley que limita plazos y alcances de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU), reinstalando el texto que la Cámara alta había sancionado en septiembre y que luego fue modificado por Diputados.

El avance contó con el empuje de radicales y peronistas disidentes que reclamaron revalidar el texto inicial —que fija plazos de 90 días y exige mayoría absoluta para la aprobación—; la firma en disidencia de la senadora del Frente de Todos Florencia López sorprendió al resto y abrió dudas sobre la estrategia de cara al tratamiento en el recinto.

El proyecto original que impulsa la oposición establece que los DNU tendrán un plazo máximo de 90 días y que cada decreto deberá circunscribirse a un área determinada, con la caída automática ante la no aprobación de una de las Cámaras; la modificación que introdujo Diputados eliminó el plazo, por lo que la disputa ahora es si insistir con la versión del Senado o aceptar el cambio de la Cámara baja.

La firma en disidencia del kirchnerismo fue interpretada por varios presentes como una jugada para no entorpecer el trámite, aunque López advirtió que su interbloque prefiere lo aprobado por Diputados y advirtió sobre el riesgo de que insistir sin diálogo con la otra Cámara derive en un veto y en una derrota política posterior. Ese voto dejó a los ex‑dialoguistas —que hoy se mostraron más duros contra el Gobierno— en una posición inesperada frente a la Casa Rosada.

Si el asunto llega al recinto, el Senado deberá votar con la misma mayoría de septiembre (dos tercios) para ratificar su versión original; la numerología actual y la eventual postura final del Frente de Todos serán determinantes para definir si el Ejecutivo enfrenta una insistencia que podría quedar frustrada por veto o si se alcanza un acuerdo que modere las restricciones a los DNU.