El Gobierno no renovó el decreto que prohibía la venta de chatarra y residuos metálicos al exterior. Desde 2009 estaba prohibido

Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación del Estado, escribió en su cuenta de X:
"Esta prohibición era nociva por varios motivos. Primero, porque al deprimir el precio local de los desechos desincentivaba el reciclado. Pero era nociva, sobre todo, porque prohibía un sinfín de negocios de reciclado para amplísimos sectores de la economía (por dar un ejemplo, cables de cobre desechados por las telefónicas, que tienen un activo mercado para reciclado en el exterior no podían exportarse). En estos meses recibimos incontables mensajes de empresas cuyos negocios estaban vedados por esta prohibición"

Y continuó: "De esta manera esta norma beneficiaba a los procesadores de dicha chatarra, pero perjudicando a quienes la producían (típicamente empresas más pequeñas de reciclado), al tiempo que se perdían centenas de negocios de valorización de residuos"

La norma, que pretendía durar 180 días, se originó durante el gobierno de Cristina Kirchner. Fue renovada durante el de Mauricio Macri y Alberto Fernández. Argumentaba que Argentina carecía de un abastecimiento fluído de insumos para la industria siderúrgica, y por esto, se necesitaba que esos desechos sean utilizados de manera interna