El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI)dijo que hay falta de rendiciones y de controles, y que parte de los 1.200 millones de pesos otorgados, se usaron para pagarles a abogados que litigaron contra el Estado en defensa de causas judiciales por tomas de tierras y hasta incendios en predios y fincas.

Claudio Avruj, titular del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), presentó ante la Justicia una denuncia penal “para determinar las responsabilidades en el otorgamiento de subsidios no reintegrables a comunidades y/o grupos auto identificados como organizaciones indígenas”.

Las designadas como “terroristas” por el gobierno de Javier Milei. Se basa en dos auditorías de la Sindicatura General de la Nación. Denuncia que esos montos no fueron rendidos y que tampoco se realizaron controles por parte de las autoridades nacionales.

El Programa de Fortalecimiento Comunitario fue creado en 2003 por la entonces ministra de Desarrollo Social, Alicia Kirchner. Una de esas irregularidades es la rendición de los subsidios a la Organización Malaweche de la provincia de Mendoza, “que utiliza la personería Comunidad Mapuche Lof Malal”, desalojada por usurpación de tierras en esa provincia. Fueron varios subsidios que suman siete millones de pesos “sin control” y sin el resultado que se espera lograr a través de esos fondos: la regularización territorial.

También denunciaron a integrantes de la Resistencia Ancestral Mapuche (RAM), designada como organización “terrorista”. Se destaca que algunos subsidios no llegaron a las organizaciones que se suponía que lo habían solicitado.