El Gobierno nacional dispuso un aumento del nomenclador nacional que fija los aranceles para prestadores e instituciones vinculadas a la atención de personas con discapacidad; la medida, publicada en la resolución ANDIS 13901/2025, se activó tras las elecciones y busca recomponer valores que no se actualizaban desde diciembre de 2024.

La actualización alcanza a sectores como internación, transporte, apoyo educativo y laboral, atención médica y rehabilitación, entre otros rubros esenciales, y según el Ejecutivo pretende restablecer “equidad y transparencia” en la asignación de fondos para que el pago llegue a quienes prestan los servicios.

El incremento llega luego de reclamos y movilizaciones de organizaciones como el Foro Permanente de Discapacidad, que pedían la aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad —que establece un aumento del 70% según los grupos— frente a cortes de servicios, cierres de centros y demoras en el pago de prestaciones tras el estancamiento de tarifas; el último ajuste había sido del 0,5% en diciembre de 2024.

Desde la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), cuyo interventor es Alejandro Vilches, argumentaron que la medida forma parte de una política de “normalización y previsibilidad” tras años de desajustes, y destacaron diferencias entre jurisdicciones —por ejemplo con pagos parciales de algunas provincias— como motivo de la recomposición.

La resolución también enfrenta medidas judiciales: una cautelar federal ordenó restablecer pensiones no contributivas por invalidez laboral suspendidas y prohibió nuevas bajas hasta sentencia definitiva; el aumento se formalizará próximamente en el Boletín Oficial y, según el Ejecutivo, beneficiará a miles de profesionales e instituciones para asegurar la continuidad de servicios.