La causa que busca esclarecer los audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la Agencia Nacional de la Discapacidad (ANDIS), revela un entramado de corrupción y coimas que llegarían hasta Javier Milei y su hermana Karina, enfrenta obstáculos por la falta de colaboración de uno de los principales involucrados. Jonathan Kovalivker, propietario de la Droguería Suizo Argentina, entregó a la Justicia un teléfono celular reseteado, sin información, en un intento que los tribunales interpretan como de obstrucción.

El dueño del teléfono, que se encontraba buscado por la Justicia en el marco de la investigación, entregó el dispositivo sin clave de acceso tras varios días de búsqueda, en un allanamiento en su domicilio en Nordelta. El aparato, que fue reseteado a estado de fábrica, borró toda la información de llamadas, mensajes y vínculos que podrían comprometerlo más en los hechos denunciados. La decisión de entregar el celular sin datos refuerza la hipótesis de un intento deliberado de impedir el acceso a pruebas clave.

Durante el operativo, en el domicilio de Kovalivker, los agentes encontraron cajas fuertes semivacías, una de las cuales contenía US$ 50 mil y gomitas para atar billetes, en una clara muestra de la presencia de dinero en efectivo en la vivienda. Además, el jefe de seguridad del barrio cerrado, Ariel De Vicentis, fue indagado por su presunta complicidad para evitar que los agentes ingresaran al domicilio y localizaran información. Casanello lo tomó declaración en una causa paralela por esta situación.

La estructura societaria de Suizo Argentina, que se encuentra en el centro de la investigación, está liderada por Eduardo Jorge Kovalivker, con el 64,5% de las acciones, y sus hijos Jonathan (21%) y Emmanuel (0,015%). La causa central, que involucra presuntos sobreprecios en la compra de medicamentos y otras irregularidades, también apunta a figuras como los hermanos Milei y a los dirigentes políticos Martín Menem y Lule Menem, entre otros.

El avance en la causa continúa estancado por estas acciones que dificultan el acceso a pruebas. La Justicia trabaja para determinar si existen responsabilidades en los hechos y cómo proceder frente a la obstaculización de acceso a información clave, en un escenario donde se busca desentrañar una trama de corrupción que aún mantiene en tensión a los actores políticos y empresariales involucrados.