El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó un escrito ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York para respaldar el pedido de Argentina de suspender la sentencia que obliga al país a transferir el 51% de las acciones de YPF a los fondos demandantes. La decisión llega tras el rechazo de la jueza Loretta Preska al pedido argentino de postergar la entrega de esos títulos.

La intervención estadounidense se dio en carácter de amicus curiae y se centró en solicitar que se frene la ejecución del fallo mientras avanza la apelación. La jueza Preska había ordenado que las acciones se transfirieran en un plazo de 14 días, como parte del proceso iniciado por el fondo Burford Capital, que reclama una indemnización por la estatización de YPF en 2012.

La Cámara del Segundo Circuito de Apelaciones aceptó el planteo de la Argentina y otorgó una suspensión administrativa temporal. Esto impide, por el momento, que el Estado argentino deba entregar los papeles a los fondos litigantes. No hay una fecha límite definida: la medida seguirá vigente hasta que otro tribunal evalúe si corresponde sostener o levantar la suspensión.

El litigio se originó cuando Burford Capital adquirió los derechos de demanda del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa). En 2023, la justicia estadounidense falló contra la Argentina y fijó una indemnización de 16.100 millones de dólares. Desde entonces, los fondos presionan para cobrar mediante la toma de activos estatales, incluidos el oro del Banco Central y otras acciones de empresas públicas.

La defensa argentina sostiene que la orden de Preska viola la Ley de Inmunidades Soberanas (FSIA) y la jurisdicción internacional, por lo que el caso podría escalar hasta la Corte Suprema de Estados Unidos. Mientras tanto, el respaldo del Departamento de Justicia de EE.UU. es interpretado por el Gobierno como un avance clave en su estrategia legal.