La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, fue denunciada por abuso de autoridad luego de que solicitara allanamientos a los periodistas Jorge Rial y Mauro Federico, así como a los estudios de Carnaval Stream. La denuncia fue presentada por el abogado Gregorio Dalbón, en respuesta a una presunta violación a la Ley de Inteligencia argumentada por el Poder Ejecutivo.

Dalbón denunció que las acciones solicitadas por Bullrich, que incluían el allanamiento, incautación de equipos y la prohibición de difusión de material, constituirían un intento de censura previa, algo prohibido por la Constitución Nacional. Según el abogado, estas medidas buscan amedrentar, censurar y restringir la libertad de prensa, lo cual es contrario tanto a la Constitución como a estándares internacionales de libertad de expresión.

La presentación del abogado Fernando Soto, representantes del Ministerio de Seguridad, había pedido que la Justicia asegurara la incautación de servidores y otros elementos en Carnaval Stream. También buscaba prohibir la difusión de materiales obtenidos en la operación ilícita denunciada, para lo cual solicitó una medida cautelar. Estas acciones, según Dalbón, representan una extralimitación del poder del ministerio y deben ser revisadas por los tribunales.

Dalbón presentó la denuncia este martes, solicitando que Bullrich fuera citada a declaración indagatoria por su accionar, argumentando que la ministra está instrumentalizando la denuncia penal como herramienta de intimidación. Según el letrado, esto constituye un abuso de autoridad, al pretender restringir a periodistas y medios en general bajo preceptos contrarios a la normativa constitucional vigente en Argentina.

“El pedido de allanamiento de medios de comunicación, el secuestro de equipos de trabajo y la pretensión de prohibir la difusión de información periodística configuran órdenes manifiestamente contrarias a la Constitución Nacional”, declaró Dalbón. En un momento de creciente tensión entre el gobierno y los medios, la denuncia pretende frenar lo que se considera un intento de silenciar voces críticas y garantizar la libertad de expresión y el ejercicio pleno del periodismo en el país.