Una presentación judicial ingresó esta semana en los tribunales federales contra el presidente Javier Milei, el ministro de Economía Luis Caputo, el excanciller Gerardo Werthein y el presidente del BCRA Santiago Bausili por delitos contra la soberanía nacional, tras denunciar que delegaron de facto la ejecución de la política cambiaria argentina a una potencia extranjera: los Estados Unidos. La querella atribuye la intervención directa del Tesoro de EE. UU. en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) y apunta a operaciones concretas en el mercado financiero.

La denuncia, firmada por el economista Claudio Lozano y los abogados Jonatan Baldiviezo y Marcos Zelaya junto con la ingeniera María Eva Koutsovitis y organizaciones como Unidad Popular y el Observatorio del Derecho a la Ciudad, acusa que Milei instruyó a Caputo para negociar con Scott Bessent y que bancos como Santander, Citi y J.P. Morgan actuaron comprando pesos para interferir en la cotización del dólar. Según los denunciantes, ese accionar constituye una “violación a la soberanía” y una cesión inédita de facultades estatales.

El escrito solicita investigar un concurso de delitos que incluye negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas (art. 265), infidelidad diplomática (art. 225), abuso de autoridad y violación de deberes (arts. 248 y 249), fraude contra la administración pública (art. 174) y delitos contra el orden económico y financiero (agiotaje, art. 309). Los autores sostienen que la intervención extranjera habría venido acompañada de exigencias sobre acuerdos comerciales e inversiones en sectores estratégicos como energía, minería, uranio y litio.

Los denunciantes subrayan la “extrema gravedad institucional” del hecho y sostienen que no hay antecedentes comparables en la historia argentina; además acusan al BCRA de haber permitido la intervención en lugar de bloquearla, lo que, según la presentación, dejó al país “en vulnerabilidad total” al transferir la capacidad de fijar el valor del peso y la competitividad a agentes extranjeros.

La causa fue sorteada y recayó en el Juzgado Federal N°12, actualmente subrogado por el juez Julián Ercolini; el expediente quedará ahora en manos del magistrado para las medidas de prueba y los pasos procesales que correspondan frente a la petición de investigar a los funcionarios y los hechos narrados.