Los abogados de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner presentaron un recurso extraordinario ante la Corte Suprema de Justicia para que esta corte sea quien resuelva sobre las restricciones que se le impusieron en el régimen de visitas y en el uso de un dispositivo electrónico. La presentación fue realizada por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy ante la Cámara Federal de Casación, esperando que este cuerpo admita el recurso y lo eleve a la Corte.

En el recurso, los abogados argumentaron que “se trata de una medida que no puede ser convalidada”, ya que calificaron las restricciones como “arbitrarias y lesivas del plexo constitucional”. Además, señalaron que “una medida que tiene un efecto estigmatizante no guarda relación con la justicia y la aplicación adecuada de la ley penal”. Sostuvieron también que “la normativa vigente no faculta a los jueces a imponer reglas de conducta adicionales a las personas que cumplen su pena bajo la modalidad de arresto domiciliario”, en referencia a las limitaciones que se le aplican a Fernández de Kirchner.

Los letrados también remarcaron que “no existen antecedentes en los que se hayan establecido restricciones similares para personas en situación de arresto domiciliario”, lo que, en su opinión, representa “una violación al principio de igualdad ante la ley”. En particular, criticaron “la irracionalidad de la tobillera electrónica”, asegurando que “solo es legítima si resulta indispensable para garantizar el cumplimiento de la pena”, y que en el caso de Cristina Fernández “no existe ningún riesgo que justifique su uso”.

Por otra parte, la presentación incluyó una serie de agravios relacionados con el accionar de la Corte Suprema en el marco del proceso. Entre ellos, se argumentó que la Corte no respondió a varias cuestiones, como la participación secreta de jueces y fiscales con el Poder Ejecutivo, la introducción de argumentos no debatidos en juicio y la evaluación de pruebas no admitidas. Los abogados también denunciaron que se lesionó el principio de cosa juzgada y se cuestionó la atribución delictiva en relación con fondos que, según aseguran, la justicia atribuyó indebidamente a Fernández de Kirchner.

Finalmente, el recurso apunta a que la Corte revise esas decisiones y que adopte una posición que, desde su punto de vista, respete las garantías constitucionales y los derechos del imputado. La presentación refleja el intento de la defensa por responder a las restricciones y a la actuación judicial, promoviendo una resolución que garantice un proceso judicial más equitativo y respetuoso de los derechos constitucionales.