El Gobierno argentino presentó una apelación contra la orden de la jueza Loretta Preska. La orden había sido emitida hace 10 días y obligaba a Argentina a entregar el 51% de las acciones de YPF en manos del Estado a los fondos beneficiarios del juicio por la expropiación de 2012.

La apelación se presentó sin esperar la definición de la jueza sobre la solicitud presentada por Argentina para suspender la ejecución del fallo mientras avanza la revisión del caso.

La causa
La demanda original es sobre la expropiación de YPF que realizó el gobierno de Cristina Kirchner en 2012. En 2023 y luego de ocho años de juicio, Preska declaró al Estado culpable de mala praxis expropiatoria y lo condenó a pagar USD 16.000 millones, principalmente a Burford Capital, es estudio que compró los derechos a litigar del caso a empresas que aseguran haber sido perjudicadas por la decisión.